Puntos importantes y conflictivos de la propuesta

Propuesta de seguridad social universal para otorgar derechos iguales a todos los trabajadores, independientemente de su estatus laboral. Su objetivo es más equidad y mayor productividad, simultáneamente. 

Este dilema no es nuevo, nace con la arquitectura de la seguridad social en México en 1943. La informalidad es el resultado de muchas décadas de una economía que ha gravado el empleo formal y subsidiado el informal. 

La informalidad no resulta de algún programa específico de seguridad social, sino del entramado de todo el sistema. No es correcto señalar como causantes únicos de la informalidad al IMSS, al Infonavit, a la Ley Federal del Trabajo, o a este u otro programa no contributivo. 

La raíz del problema está en el financiamiento asimétrico de la seguridad social en función del estatus laboral del trabajador. Esta asimetría resulta en que algunos trabajadores tienen derechos de seguridad social y otros no.

Si ese financiamiento asimétrico no existiera, la informalidad sería irrelevante.

En el caso de la educación, no hablamos de “derechohabientes y no derechohabientes”, ni de educación “contributiva y no contributiva”. En el caso de la salud y las pensiones, sí. 

Los que pagan la seguridad social, puede decirse que los trabajadores formales pagan un impuesto al consumo en la puerta de la fábrica para pagar su seguridad social (conocido como contribución a la seguridad social), y otro impuesto al consumo en la puerta de la tienda donde hacen sus compras (conocido como IVA).

Los trabajadores informales también pagan un impuesto al consumo en la puerta de la tienda (el IVA) pero ninguno en la puerta de la fábrica. 

Así, los trabajadores formales pagan dos impuestos; los informales uno pero reciben beneficios de seguridad social crecientemente cercanos a los que reciben los formales. 

En suma: financiamos la seguridad social con una mezcla de impuestos inequitativa, porque hay trabajadores informales con ingresos mayores que los formales, y porque el mismo trabajador a veces es formal y a veces no.

Además, esta mezcla genera un problema muy grave: segmenta permanentemente al país en un sector formal y otro informal, lo cual atenta contra la cohesión social. 

Si hay posibilidad de organizar y financiar la seguridad social de una forma más equitativa, eficaz, sostenible y transparente.

Si Podemos convertir a la seguridad social en un instrumento de inclusión social.

Si es posible superar el dilema entre productividad y ampliación de la cobertura de seguridad social.

La propuesta

La propuesta tiene tres partes. La primera otorga a todos los trabajadores: 

1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores formales (paquete IMSS). 

2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su vida laboral (no sólo cuando es asalariado). 

3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos salarios mínimos. 

La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados:

1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que hoy reciben los afiliados al IMSS.

2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al IMSS.

3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los afiliados al IMSS.

La tercera parte supone: 

1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema.

2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo estarían etiquetados para seguridad social. 

3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit).

4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal.

La idea clave es financiar los beneficios de la primera parte, que son comunes para todos, con el pago de un impuesto común, que no dependa de la condición laboral. 

Al efecto, se propone crear una contribución para la seguridad social universal con la misma mecánica que el IVA, aplicando ambos tributos sobre todo el consumo, sin exenciones, con una tasa total de 16%. De ésta, 10% sería para el Fondo Nacional de Seguridad Social Universal y 6% sería el IVA para el gasto público general.

Los beneficios de la segunda parte, al ser sólo para asalariados, se pagarían con una contribución patronal sobre la nómina.

La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. A mediano plazo éste sería uno de los efectos más importantes de la propuesta ya que estos impuestos y subsidios son mayores para los trabajadores pobres que los no pobres. Se fortalecería el combate a la pobreza por la vía del empleo productivo. El impacto neto es, sin ninguna ambigüedad, positivo.

La propuesta representa un esfuerzo importante de transformación institucional. Parte de lo mucho construido, pero reconoce que la arquitectura vigente nos atrapa en dilemas de los que es indispensable escapar.

Con seguridad, se ampliarán los programas para adultos mayores. Pero si se va a otorgar una pensión en esos momentos, ¿por qué no empezar a ahorrar para ella desde ahora, adelantándonos a la presión de gasto que se presentará, en un marco de responsabilidad fiscal? Además, ¿qué pasará con los incentivos al ahorro para el retiro si esos programas crecen y se vuelven permanentes? Por otro lado, en los próximos años será necesario enfrentar la problemática del pasivo laboral del IMSS. ¿Se incrementarán las cuotas al instituto o se deteriorarán los servicios o, como se propone aquí, se absorberá ese pasivo por el gobierno federal?

En otras palabras, en los próximos años el país gastará más en seguridad social, aun sin la propuesta (factor que debe considerarse al evaluar el déficit de la propuesta). Pero, ¿conviene gastar más con la misma combinación de programas, manteniendo el impuesto a la formalidad y acentuando el subsidio a la informalidad? ¿Por qué no mejor aumentar el gasto en seguridad social asociándole un aumento de la fuente de financiamiento, y hacerlo de forma que fomente la productividad, acrecente el ahorro, promueva la legalidad, fortalezca la sustentabilidad fiscal y amplíe la base tributaria?

La Seguridad social universal, un camino para Mexico

La Seguridad social universal, un camino para Mexico 

El problema central de nuestro bajo crecimiento no está en la tasa de ahorro ni en la de inversión. Tampoco está en la falta de “creación de empleos”. En México se crean muchos empleos y la tasa de desempleo abierto es baja. También se trabaja más horas que el promedio de países de la OCDE. 

Un peso de capital y trabajo invertido en el sector formal rinde entre 28% y 50% más que el mismo peso invertido en el sector informal. Esto se debe a que las empresas informales generalmente viven en la ilegalidad, no tienen economías de escala, invierten poco en nuevas tecnologías y capacitación de sus trabajadores, tienen pocas innovaciones tecnológicas, su acceso al crédito es escaso y sus procesos productivos son sencillos.

La informalidad se genera por distorsiones del régimen fiscal y de seguridad social. Sin menospreciar los aspectos fiscales, nos enfocaremos en este artículo a explorar la seguridad social como causa de informalidad y fuente de baja productividad.

La seguridad social en México está segmentada según el trabajo que se tiene. 

Hay dos grandes clases de trabajadores: asalariados y no asalariados. Los asalariados tienen un “patrón” (empresa), cobran un salario y pagan impuestos en el lugar de trabajo. Estos trabajadores son sujetos de la seguridad social contributiva.

Los no asalariados trabajan por cuenta propia, en empresas familiares, o se asocian con empresas en relaciones donde no hay “patrón” y no reciben un salario sino pagos por comisión o por destajo. Estos trabajadores no pagan impuestos en el lugar de trabajo y son sujetos de la seguridad social no contributiva.

Además, deberían estar protegidos contra la pérdida de empleo por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo sobre indemnizaciones por despido y primas de antigüedad.

Un gran número de empresas evade la ley, y sólo una parte de los asalariados está cubierta por la SSC. Ésos son los trabajadores formales. 

Empresas y trabajadores formales pagan 84% del total del gasto de la SSC a través de un impuesto a la nómina etiquetado para estos propósitos. El gobierno aporta un 16% más para los mismos fines, lo que en el año 2008 significó una erogación de 0.5% del PIB.

La SSC genera un impuesto al empleo formal: empresas y trabajadores pagan por beneficios sociales que los trabajadores no valoran del todo.

La SSNC representa un subsidio al empleo informal: los trabajadores reciben beneficios sociales que ni ellos, ni las empresas, pagan directamente.

El resultado es que se gravan con impuestos los empleos más productivos y se subsidian con gasto público los empleos menos productivos.

El impuesto al empleo formal genera varias distorsiones: 

1. Induce a las empresas a evadir el pago de sus contribuciones a la seguridad social reduciendo su tamaño. 

2. Genera elusión fiscal mediante rotación de trabajadores, manipulación del tiempo de los contratos y formas de contratación. 

3. Fomenta el empleo por cuenta propia y la proliferación de empresas familiares sin relación obrero-patronal.

México puede estar atrapado en un círculo vicioso de informalidad y baja productividad. Su secuencia de autoalimentación es la siguiente: el impuesto al empleo formal fomenta empresas precarias que evaden y generan malos empleos; también fomenta excesivo empleo por cuenta propia. Muchos trabajadores quedan excluidos de la SSC. Para ofrecerles al menos algunos beneficios sociales, el gobierno crea o expande programas de SSNC.

La situación plantea un dilema entre productividad y bienestar social: por una parte, no hay que fomentar la informalidad; por la otra, hay que mejorar los programas sociales para la población desprotegida. Por un lado, es urgente ampliar la base tributaria y fomentar la productividad para acelerar el crecimiento; por el otro, es indispensable extender la cobertura de salud, de pensiones y de guarderías para aumentar la equidad.

Sin contribuciones a la seguridad social, los salarios de los trabajadores formales serían 17% más altos, esto es, esos trabajadores podrían consumir un 17% más. Visto así, puede decirse que los trabajadores formales pagan un impuesto al consumo en la puerta de la fábrica para pagar su seguridad social (conocido como contribución a la seguridad social), y otro impuesto al consumo en la puerta de la tienda donde hacen sus compras (conocido como IVA).

Los trabajadores informales también pagan un impuesto al consumo en la puerta de la tienda (el IVA) pero ninguno en la puerta de la fábrica. 

Así, los trabajadores formales pagan dos impuestos; los informales uno pero reciben beneficios de seguridad social crecientemente cercanos a los que reciben los formales. 

En suma: financiamos la seguridad social con una mezcla de impuestos inequitativa, porque hay trabajadores informales con ingresos mayores que los formales, y porque el mismo trabajador a veces es formal y a veces no.

Propuesta de seguridad social universal para otorgar derechos iguales a todos los trabajadores del apartado “A”, independientemente de su estatus laboral. Su objetivo es más equidad y mayor productividad, simultáneamente.

 La propuesta tiene tres partes. La primera otorga a todos los trabajadores: 

1. Un seguro de salud igual al que hoy día reciben los trabajadores formales (paquete IMSS). 

2. Una contribución a la cuenta individual de retiro igual a la que hoy día recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos, pero durante toda su vida laboral (no sólo cuando es asalariado). 

3. Un seguro de invalidez y de vida también con cobertura de dos salarios mínimos. 

La segunda parte agrega para los trabajadores asalariados:

1. Un seguro de riesgos de trabajo y otro de guarderías, igual al que hoy reciben los afiliados al IMSS.

2. Contribuciones complementarias para pensiones de retiro y para el seguro de invalidez y vida que igualen las que reciben hoy los afiliados al IMSS.

3. Garantía de pensión mínima de retiro igual a la que hoy tienen los afiliados al IMSS.

La tercera supone:

1. Transferencias directas a las familias pobres para compensar el impacto de los impuestos al consumo con que se financiaría el sistema.

2. Compensación a los gobiernos estatales por las menores participaciones que recibirían dado que parte de los impuestos al consumo estarían etiquetados para seguridad social. 

3. Terminar con el impuesto a la nómina para la vivienda (Infonavit).

4. Absorber el pasivo laboral del IMSS por el gobierno federal.

La idea clave es financiar los beneficios de la primera parte, que son comunes para todos, con el pago de un impuesto común, que no dependa de la condición laboral.

Impacto sobre la pobreza y la desigualdad. La propuesta tiene tres impactos sobre las familias pobres: uno negativo por el aumento en los gravámenes al consumo. Otro positivo por acceso a mejores beneficios de seguridad social. Uno más positivo al eliminarse el impuesto al empleo formal y el subsidio al empleo informal, lo que permite combatir la pobreza por la vía del empleo productivo. A mediano plazo éste sería uno de los efectos más importantes de la propuesta ya que estos impuestos y subsidios son mayores para los trabajadores pobres que los no pobres. Se fortalecería el combate a la pobreza por la vía del empleo productivo. El impacto neto es, sin ninguna ambigüedad, positivo.

Conclusión:

Lo que México necesita es aumentar la tasa de crecimiento, para lo cual es indispensable aumentar la productividad y el ahorro. Debe fortalecer la inclusión social y la equidad, construyendo un Estado de bienestar moderno y eficaz. Debe acelerar el combate a la pobreza, reconvirtiendo empleos improductivos a productivos. Debe, finalmente, fortalecer su democracia, estableciendo un vínculo claro entre derechos y obligaciones.

El Nuevo Paradigma Mexicano

México ha sido durante mucho tiempo preso de su historia. Ideas, creencias, intereses heredados le han impedido moverse con rapidez al lugar que quieren sus ciudadanos. La herencia del nacionalismo revolucionario estableció tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra, sindicalismo monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo, corrupción consuetudinaria. Éstos fueron vicios, creencias y costumbres que el país adquirió en distintos momentos de su historia.

Los años de la democracia han traído al primer plano de la vida pública al menos el inicio de un nuevo paradigma nacional, una visible convergencia de la mayoría de los mexicanos en torno a valores y exigencias que pueden parecer normales en cualquier democracia y cualquier economía modernas, justamente con la apertura de su vida política a la competencia democrática, y de su economía al libre mercado y la globalización. Son los valores de una nueva cultura política que bien pudiera ya ser el nuevo piso común donde estamos parados. 

Son relativas novedades históricas, certidumbres colectivas que poco o nada tienen que ver con el horizonte anterior del nacionalismo revolucionario. Abusando del prestigio del número, digamos diez:

1. La convicción de que no hay otra vía legítima para alcanzar el poder o conservarlo que las elecciones y que éstas deben ser: libres, equitativas, minuciosamente democráticas.

2. El clamor nacional contra la corrupción y su contraparte: la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno y de todas las formas de ejercicio del poder.

3. El compromiso universal con los derechos humanos, con la vigencia del Estado de derecho, la igualdad ante la ley y su contraparte: el repudio a la impunidad y al privilegio.

4. La exasperada demanda en una solución de fondo, propiamente histórica, a la baja calidad de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública.

5. El imperativo moral de combatir la pobreza, asociada a la alta expectativa de un sistema de seguridad social universal que acompañe y consolide el paso de una sociedad históricamente desigual extrema a una de clases medias mayoritarias y homogéneas.

6. El rechazo a toda política de déficit públicos, desequilibrios macroeconómicos o discrecionalidad gubernamental en el ejercicio del gasto público.

7. Una cultura pública contraria a la lógica abusiva de monopolios, oligopolios y poderes fácticos de toda condición y origen, públicos o privados, individuales o corporativos, sindicales o empresariales.

8. La apertura a las ventajas de la globalización, el libre comercio y la integración económica con América del Norte, a la que el país acude con profundidad, eficacia y creciente conciencia de sus enormes oportunidades. 

9. Un rechazo a la violencia y la exigencia de un Estado fuerte capaz de contenerla, no para regresar a su antiguo estatus de instancia controladora y opresiva sino para cumplir la tarea primera de un Estado que es dar seguridad a sus ciudadanos.

10. Una difusa, frustrada, incrédula pero potente aspiración de crecimiento económico, oportunidades, empleos, creación de riqueza y prosperidad.

Éstos son los nuevos valores que rigen el discurso público del país, pero en todos los casos de manera pública: sinuosa o generosa, pero expresa. Hacer realidad esos valores es la nueva aspiración histórica de México, la brújula de su nueva moral colectiva, de su nuevo proyecto de nación, hijo esta vez de la democracia y de la convergencia, no de la hegemonía de un régimen o un partido político. 

Las elecciones de 2012 volvieron a poner a México en la situación de un gobierno dividido, con una izquierda más inclinada a bloquear que a inducir reformas modernizadoras, y una rivalidad del PRI y el PAN que podría echar por tierra en la lucha política de cada día los ostensibles acuerdos estratégicos que ambos partidos comparten sobre los cambios de fondo que el país necesita.

Lo cierto es que el PAN y el PRI pueden volver a ser aliados en los años que vienen pues coinciden en cuestiones fundamentales. Pero el triunfo del PRI en las elecciones de 2012 presenta un problema anterior.

La restauración en un sentido estricto, y aun en el laxo, no parece una opción clara y viable para nadie, empezando por el nuevo gobierno, cuyas acciones estarán severamente limitadas por un balance de poderes de realidad innegable.

La restauración puntual de aquel régimen es imposible porque la democracia hizo pedazos su pieza clave, a saber: la existencia de un partido hegemónico, con mayoría constitucional soviética en las cámaras, cuyo dueño era un presidente sin contrapesos ni en los otros poderes públicos, ni en los órganos de decisión económica, ni en la selección de los altos puestos políticos, otorgados todos desde arriba gracias al control abrumador del PRI sobre las elecciones y sobre la política profesional.

Como presidente, Peña Nieto enfrentará los mismos contrapesos, obstáculos y retos que Fox y Calderón: no tendrá mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, tendrá que lidiar con el contrapeso de un gobierno dividido y tendrá frente a sí, en el Distrito Federal, al segundo personaje electo más poderoso del país, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

El nuevo mandatario deberá convivir con una considerable diversidad de instituciones autónomas que el país ha construido en estos años, y que no son simples cajas de registro de instrucciones de la presidencia:

--La primera, y la más importante, es la Suprema Corte de Justicia, fuente de grandes dolores de cabeza para Fox y Calderón, y de grandes beneficios para la sociedad mexicana. 

--La segunda es el Instituto Federal Electoral, que pese a sus altas y bajas recurrentes imprime un sello innegable de legitimidad a cada elección federal de presidentes y Congreso.

--Sigue el Banco de México, dotado de plena independencia desde 1993, y una garantía parcial de prudencia macroeconómica, por lo menos en lo que corresponde al ámbito monetario.

--El Instituto Federal de Acceso a la Información, autónomo también, es fuente de transparencia y de jaquecas para todos los poderes en México, lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una caja de resonancia cabal, incluso estridente, en su materia. 

--Por último, el INEGI, fuente oficial de las estadísticas nacionales, con mejores y peores momentos, genera datos objetivos y confiables imposibles de manipular, sobre la economía y la sociedad mexicanas. 

Ni Peña Nieto ni nadie podrá domar a estas burocracias, suponiendo que deseara hacerlo. Un campo de batalla distinto, con mayores posibilidades de ser capturado, por su mayor debilidad institucional, es el de los entes reguladores semiautónomos, como las comisiones de banca y valores, de telecomunicaciones, de competencia, de hidrocarburos.

El nuevo paradigma: Acuerdos y consensos

Si el paisaje de los contrapesos a una restauración es convincente, el de las convergencias hacia el futuro en reformas clave para el país es prometedor y ha sido premiado abrumadoramente por los votantes.

A estos consensos pudieron sumarse varios acuerdos puntuales de cuatro partidos —PRI, PAN, PVEM y Panal— que sumaron poco menos del 70% de la intención de voto. Son los siguientes:

1. Petróleo. Abrir Pemex a la inversión privada. 

2. Estado de bienestar: Crear una red de seguridad social universal. 

3. Inversión. Fomentar la inversión asociada de fondos públicos y fondos privados. 

Se diría por estas convergencias programáticas, premiadas electoralmente por casi el 70% de los votos, que el país está en el camino de terminar su transformación política y económica, más que en el ánimo de echarla para atrás.

Por lo que hace al PRI y al PAN existe hoy una complementariedad sin precedente en sus agendas y están relativamente claros los términos del intercambio. Peña Nieto ha dicho que quiere inversión minoritaria en Pemex (el PAN está de acuerdo); concentrar el esfuerzo de seguridad en el combate a la extorsión, el secuestro y el homicidio y en construir una policía nacional mucho más grande (el PAN está más o menos de acuerdo); establecer la jornada completa en la educación primaria y dotar de una computadora específicamente para niños a los alumnos de quinto y sexto años (el PAN no lo hizo y probablemente no le encante). Construir un sistema de protección social universal financiado por el fondo fiscal central (en buen castellano significa generalizar el IVA y eliminar los subsidios a la gasolina; el PAN más bien no está de acuerdo). 

Para hacer un gobierno exitoso, de altos rendimientos económicos y sociales, el PRI necesita las reformas que él mismo ha contribuido a detener en estos años: en el ámbito energético, fiscal, laboral y educativo. El PAN quiere a cambio tres o cuatro reformas políticas de la mayor importancia: reelección de legisladores y alcaldes, la segunda vuelta en la elección presidencial, referéndum vinculante para cambiar la Constitución y reforma de los sindicatos públicos con tres decisiones clave: fin a la retención y entrega de cuotas sindicales por el gobierno, fin a la llamada “toma de nota”, mediante la cual el gobierno reconoce a las dirigencias sindicales, y fin a la cláusula de exclusión, mediante la cual un sindicato puede expulsar del trabajo a quien no se subordina política y laboralmente a sus criterios. 

Del interregno a la prosperidad

El periodo que va de la elección en julio hasta la toma de posesión en diciembre tiende a ser de zozobra e incertidumbre. Es un timing institucional absurdo que hace convivir por demasiados meses a un gobierno saliente que es perro sin dientes y a uno entrante que no puede empezar a gobernar.

Los meses del interregno transcurrido desde las elecciones de julio parecen los más prometedores de mucho tiempo. Para empezar, en el primer periodo de sesiones del nuevo Congreso entró en vigor la reforma que permite al presidente enviar dos iniciativas de ley de obligatoria revisión, dictaminación y voto en los treinta días siguientes a su llegada a las cámaras (treinta para los diputados y treinta para los senadores)

Lo importante no será tanto cuántas reformas se aprueben sino cuántas señales trascendentes puedan enviarse desde el gobierno y el Congreso sobre el lugar adonde se quiere ir, como Estado y como país. A nuestro juicio, tres señales fundamentales serían las siguientes:

--Poner fin al tabú petrolero mediante una reforma constitucional que permita la inversión privada minoritaria en Pemex. Pemex es más que una empresa, es un emblema. Abrirla a la inversión privada representaría un salto legal y simbólico de grandes proporciones, un antes y un después mental en la historia contemporánea de México.

--Un plan de inversión pública en infraestructura de cara al nuevo mapa regional de México, para conectar a las regiones entre sí y para fortalecer sus vínculos con el resto del mundo: puertos, puentes, carreteras, aeropuertos, aduanas internas, claustros industriales, centros de autorización para comercio con Estados Unidos, redes de conectividad y multiplicación de ancho de banda.

--Pero quizá lo más importante: un aumento sustancial de los recursos públicos atados al financiamiento de un piso de seguridad social universal, para todos los mexicanos por el hecho de serlo. Pensamos en la equidad social como una estrategia de creación y distribución de riqueza, no sólo como combate asistencial a la pobreza.

México necesita una épica de prosperidad, una narrativa creíble de futuro. Puede montarla sobre los ejes del nuevo paradigma que doce años de democracia han sembrado al fin en la cabeza de la sociedad mexicana, luego de demoler uno a uno sus mitos: el mito de la Revolución, el mito del presidente, el mito del petróleo, el mito del PRI, el mito del enemigo en la frontera norte, y el gran mito del gobierno que da y la sociedad que recibe. 

México ha alcanzado una estabilidad macroeconómica que no tuvo en las últimas décadas del siglo XX, pero no ha tenido el crecimiento que el bienestar de su población requiere. El verdadero mal a corregir en México no es la pobreza sino la mediocre creación de riqueza, porque la única forma irreversible y definitiva de combatir la pobreza es creando la riqueza que la transforme en oportunidades y la deje atrás. El mensaje para el futuro es que si no queremos seguir contando alzas y bajas en nuestra pobreza tenemos que desatar un proceso definitivo de crecimiento. Lo innegociable a partir de 2013 debe ser la exigencia nacional de prosperidad pues sólo de ella vendrá el bienestar duradero y generalizado que el país puede alcanzar en el curso de la siguiente generación. 

En mi opinión creo que México a pesar de que será gobernado por el PRI de nuevo, no se encuentra en la misma situación de hace 70 años. Las cosas han cambiado y se ha creado un nuevo paradigma al cual los nuevos gobernantes tendrán que ajustarse.